miércoles, 14 de noviembre de 2012


EL JUEZ Y LA PRISIÓN PREVENTIVA.

AUTOR:

 

ELUCIO WILLAR CRUZ LAYZA. Ex Secretario Técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal  de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

 

En nuestro país a diferencia de Chile, Uruguay y Argentina, anteriormente  la aplicación de la prisión  preventiva se desarrolló bajo un esquema formalista. Es así que el Art. 79° del Código de Procedimientos Penales establecía una relación  de delitos que el Juez Penal  tendría que dictar detención. Sin embargo con el Artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991 la prisión se dictaba  sobre la base de necesidades estrictamente procesales tales como prueba suficiente, gravedad de la pena y peligro procesal; procediendo Inicialmente para delitos dolosos, seguidamente  por modificación mediante Ley 27226 del 17 de diciembre de 1999 y esta a su vez por la ley 27753 del  07 de junio del 2002, es factible aplicar a los delitos dolosos y culposos; asimismo se introdujo como garantía  el último párrafo sobre variación de oficio del mandato de detención. Luego por criterios de política criminal  la Ley 28726 del 05 de mayo del 2006 modifica el segundo presupuesto, referido al quantum de la pena, siendo esta no mayor de un año.

 

Últimamente con el nuevo Código Procesal Penal de 2004; la prisión preventiva debe dictarse bajo la existencia copulativa de tres presupuestos materiales; graves y fundados elementos de convicción que relaciones al investigado con los hechos delictuosos; prognosis de la futura pena a imponerse mayor a cuatro año; y peligro procesal; requisitos que deben observase cuidadosamente por el juez del juzgado de investigación preparatoria;  tomando en cuenta siempre  las garantías establecidas en la Constitución Política del Perú, tratados internacionales y lógicamente las normas de la nueva norma procesal, motivado en forma suficientes el auto que dicte la medida cautelar  a fin de no caer en arbitrariedades.

 

La prisión preventiva debe dictarse sobre la base de circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general; solamente con  el fin de asegurar el éxito del proceso; todo ello, por existir indicios suficientes sobre la comisión de hecho punible relacionado directamente con el investigado; pena sumamente grave y peligro procesal; presupuestos que determinaran que el proceso no logre su objetivo sin la presencia del imputado. Este  criterio es unánime en la doctrina y  jurisprudencia nacional y extranjera.

 

En el marco legal internacional tenemos  al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en el artículo 9 inciso 3 que, a prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general  sino la excepción general”; también en la regla 6.1 de las denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas privativas de la libertad (Reglas de Tokio), establece que sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso; además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diversas resoluciones  que la prisión preventiva es una medida excepcional aplicable solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia”.

 

Asimismo se debe tener en cuenta que la libertad  es un derecho fundamental tan importante  como la vida, es por ellos que se rige por el principio favor libertatis, el cual determina que la prisión preventiva sea subsidiaria, provisional y proporcional; su dictado debe obedecer  a la necesidad y justificación de proteger intereses constitucionales y fundamentales.

 

Será subsidiaria cuando idéntico propósito al perseguido  con el dictado de la prisión, puede conseguirse aplicando otras medidas cautelares menos graves, como con la comparecencia.

 

Es provisional, porque se mantendrá la detención siempre y cuando no desaparezcan las razones objetivas y razonables que sirvieron para su dictado, caso contrario, el derecho a la libertad personal y el principio de la presunción de inocencia exigen que se ponga fin a la medida, si no fuese así, su mantenimiento tendría que considerarse como una sanción punitiva, y la detención se convertiría en arbitraria e incompatible con su naturaleza cautelar.

 

Será proporcional  cuando su dictado y mantenimiento es estrictamente necesaria y suficiente concordando  con los fines constitucionales que se persigue; pues así establece el  artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que  “la restricción de la libertad física de una persona sometida a un proceso, sólo puede deberse a la necesidad de asegurar la comparecencia del procesado al acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo".

 

 A la prisión preventiva no debe observarse como una sanción punitiva o un adelanto de pena, por responder  solamente a criterios de índole preventivo orientados a asegurar el éxito del proceso penal, y no a juicios de responsabilidad penal; por lo tanto el Juez Penal  cuando dicte una medida cautelar de esta naturaleza  debe tener cuidado con no  adelantar opinión  respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de investigación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. Se tiene que tener en cuenta que se ha dictado esta medida cautelar con el objetivo  de resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional, lo cual no se lograría mientras el investigado goce de su libertad ambulatoria.

 

 

Cuando el Juez de Investigación Preparatoria dicte prisión preventiva; debe hacerlo sobre  base de la Imputación Objetiva la cual es una Garantía Constitucional, la misma que el fiscal está obligado a sustentarlo en forme objetiva y contundente en su requerimiento escrito y oral; una vez cumplido es requisito tendrá que tenerse necesariamente  dos intereses sumamente importantes que tiene la sociedad, tales como: “a) la garantía a un proceso penal eficiente que permita la sujeción al proceso penal de la persona a quien se imputa un delito, y, b) la garantía a la protección de los derechos fundamentales del imputado”

 

La prisión preventiva puede dictarse solo pedido del fiscal nunca de oficio en cualquier etapa del proceso, de la misma forma puede  variarse e imponerse mandato de comparecencia, sea esta restrictiva o simple  cuando nuevos elementos de convicción, puedan cuestionar la suficiencia probatoria; prognosis de la penal  o peligro procesal, razones que dieron lugar a la medida coercitiva que se impusiera inicialmente; es decir cuestiona no “las razones que sirvieron inicialmente para ordenar la prisión  preventiva del recurrente, sino, fundamentalmente, las razones que sirven para mantenerla vigente, lo cual es sustancialmente distinto”

 

A mi modesto entender e interpretando en forma conjunta nuestra Constitución Política del Perú, nuevo Código Procesal Penal y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es obligación del Fiscal y del Juez Penal de OFICIO analizar la validez del mantenimiento de la prisión preventiva  en cada acto procesal que se realiza, pues sería contraproducente y violatorio del derecho a la libertad si se dictase una sentencia absolutoria encontrándose el imputado en la condición de reo en cárcel, sin haberse valorado ex ante, el mantenimiento de la medida; tal como viene  sucediendo en el Distrito Judicial de Madre  de Dios.

 

El auto mediante el cual se dicta la medida cautelar de prisión preventiva, debe estar debidamente motivado,  es decir debe expresa en su contenido en forma sencilla, lógica y clara las razones objetivas  por las cuales el Juez Penal ha tomado la decisión de encarcelar al imputado;  las razones objetivas tienen que estar sustentadas jurídicamente en   los principios de legalidad y proporcionalidad y a la concurrencia copulativa de los tres (03) presupuestos materiales previstos en el artículo 268° del Código Procesal Penal. Asimismo esta resolución debe dictarse en Audiencia Pública, sin perjuicio de notificarse por escrito por su importancia,  luego he haber oído al Fiscal, al Abogado Defensor y al propio imputado, haciendo efectivo entonces el Derecho a la Defensa y Contradicción los mismos que constituyen  una exigencia constitucional, un derecho con rango constitucional de los justiciables, que garantiza que la administración de justicia.

 

AUTOR:


ELUCIO WILLAR CRUZ LAYZA. Ex Secretario Técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal  de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.